¿Estados Unidos podría caer en default en junio? Frenéticas negociaciones para evitarlo

Estados Unidos caerá en cesación de pagos a fines de junio próximo de no haber un acuerdo bipartidista para aumentar el tope de deuda, según proyecciones de la “think tank» Bipartisan Policy Center (BPC), con sede en Washington.

De acuerdo con las proyecciones de la institución, la llegada de la fecha dependerá de la recaudación fiscal del Gobierno estadounidense, y de no cumplirse con las expectativas de ingresos, dicha fecha podría arribar tan pronto como el próximo 15 de junio.

“El rango de fechas posibles refleja, en parte, la considerable incertidumbre en las perspectivas económicas de nuestra nación”, afirmó Shai Akabas, director de política económica de BPC.

Frente a ello, Akabas consideró que los políticos “tienen una oportunidad para inyectar certidumbre a los Estados Unidos y la economía global empezando, lo más pronto posible, con las negociaciones bipartidistas”.

El estudio, que toma en cuenta datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso y del Departamento del Tesoro, indica que el Gobierno tiene proyectados gastos por más de 3 billones de dólares y una recaudación de aproximadamente 2,5 billones de dólares entre febrero y junio.

“Una variación de unos pocos millones de dólares en cualquiera de las direcciones no sorprendería pero cambiaría marcadamente la fecha del default”, indica el informe.

De hecho, si bien el default puede llegar a ocurrir en junio, el rango posible se extiende entre el inicio del verano boreal en dicho mes y principios del otoño en septiembre según BPC.

Janet Yellen, titular de la FED.

Janet Yellen, titular de la FED.

Este rango se ubica en línea a las proyecciones de Goldman Sachs que lo sitúa entre “principios y mediados de agosto”, según una nota de sus economistas difundida esta semana por la agencia Bloomberg.

Akabas se mostró optimista que la proyección “provee al congreso y al presidente (Joe) Biden una ventana de oportunidad para reunirse y llegar a un acuerdo”, evitando “los costos y los riesgos asociados que existirán hasta la última hora”.

En Estados Unidos, por la Constitución, todo tipo de toma de deuda tiene que ser autorizado por el Congreso y está establecido un techo en la cantidad de deuda que el país puede tomar, al cual el país arribó unas 78 veces en los últimos 63 años.

De no actualizarlo, el país caería en cesación de pagos, una situación a la cual nunca llegó en su historia.

El actual límite de deuda, incrementado por última vez en 2021, es de 31,4 billones de dólares, y el mismo ya fue alcanzado el pasado 19 de enero.

En ese momento el Tesoro activó una serie de medidas de emergencia para darle más tiempo al Congreso, las cuales podrán emplearse hasta “al menos” principios de junio próximo, según afirmó en una carta al Congreso la secretaría del Tesoro, Janet Yellen.

Hasta el momento demócratas y republicanos no mostraron avances hacia un acuerdo pues estos últimos solamente accederían a aprobar un incremento en el límite de deuda a cambio de recortes en el gasto público, un compromiso que la administración de Joe Biden rechaza.

Tanto el Gobierno como la oposición publicarán en las próximas semanas sus propias propuestas de presupuesto, con los republicanos pujando por una eliminación total del déficit en diez años, lo que requeriría recortes por 20 billones de dólares de no haber aumento en la recaudación.

Biden, en cambio, plantea un aumento de impuestos en las corporaciones y más ricos para reducir el rojo en 2 billones de dólares.

El estudio de BPC advierte que si no se resuelve la problemática a tiempo, ello podría derivar en “revisiones a la baja de la calificación de crédito de Estados Unidos y amplias disrupciones económicas”, incluso por el mero hecho de extender a último momento la decisión.

En ese sentido, afirmaron que “los intereses de corto plazo de las emisiones del Tesoro con vencimiento para este verano (boreal) ya comenzaron a subir, demostrando un grado de preocupación en el mercado”.

Hasta ahora el mercado no reaccionó al riesgo de default con excepción de algunas acciones de empresas expuestas a contratos gubernamentales que están rindiendo “por debajo de lo esperado”, según Goldman Sachs.

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